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Santo Domingo.- La Coalición por la Seguridad Social Digna, junto con decenas de organizaciones sociales, comunitarias, sindicales y campesinas, proclamó este jueves la necesidad de impulsar una reforma integral de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales y fortalecer la protección social en la República Dominicana.
Las organizaciones afirmaron que, después de 25 años de implementación, el sistema actual de seguridad social "ha demostrado ser incapaz de garantizar los derechos establecidos en la Constitución", ya que se sustenta en una lógica "privatizadora y orientada al mercado".
En un documento conjunto, denunciaron que el modelo actual prioriza las ganancias de los sectores económicos vinculados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al tiempo que limita el acceso a servicios de salud de calidad y niega pensiones dignas a la población trabajadora.
La Coalición advirtió que el debate sobre la reforma de la Ley 87-01 representa una oportunidad histórica para transformar el sistema en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de aprobar modificaciones que profundicen el modelo actual.
Entre sus principales demandas, las organizaciones rechazaron cualquier propuesta que implique aumentar la edad de retiro o las cotizaciones de los trabajadores, así como permitir que las AFP continúen utilizando los fondos de pensiones en beneficio de intereses privados.
Asimismo, exigieron que el proceso de reforma se lleve a cabo de manera democrática y transparente, con la participación vinculante de la sociedad civil, teniendo en cuenta las discusiones desarrolladas durante los últimos años en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, las vistas públicas y la Mesa de Diálogo para la Reforma impulsada por el Gobierno.
Las entidades también plantearon la necesidad de construir un sistema de pensiones solidario, universal y público que garantice pensiones justas y suficientes para la población, así como un seguro nacional de salud sin copagos ni restricciones de cobertura.
De igual manera, exigieron una mayor inversión en salud pública, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), así como la defensa del Seguro Nacional de Salud (SENASA), los servicios públicos y los sistemas de pensiones de diversos sectores laborales como derechos adquiridos.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que legislen en función del interés colectivo y no de los negocios privados. En caso de no alcanzarse un consenso, propusieron la realización de un referéndum democrático para que la ciudadanía decida el modelo de seguridad social que desea para el país.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Unión Clasista de Trabajadores, ASODIFIMO, Escuela Multitemática, CONAMUCA, CODONBOSCO, CEPATODE, MOPESEP, entre otras organizaciones sociales y comunitarias del país.
