Lo último
SANTO DOMINGO ESTE.- La decisión de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de ordenar una investigación a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este tras el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, ha generado reacciones entre abogados que laboran y frecuentan este recinto judicial.
La medida fue adoptada luego de que Esmeralda fuera perseguida y asesinada presuntamente por su expareja sentimental poco después de salir de la unidad, ubicada en Santo Domingo Este.
Mientras la Procuraduría busca determinar si fueron agotados correctamente los protocolos de protección y acompañamiento a la víctima, algunos juristas consideran que las autoridades actuaron dentro de las limitaciones que permite el sistema.
La abogada Mildre Martínez sostuvo que una vez la víctima concluye el proceso de denuncia y abandona el recinto, no es posible asignar vigilancia permanente a cada caso.
“Ya esa señora cumplió con su ciclo aquí de denuncia y salió. Lo que pase fuera de la unidad no es responsabilidad directa de la unidad de violencia de género”, expresó.
Por su parte, la jurista Victoria Castillo afirmó que las víctimas reciben opciones de protección y acompañamiento, incluyendo casas de acogida.
“A las mujeres que vienen aquí se les ofrece una casa de acogida; si usted no quiere, ningún fiscal la va a obligar”, manifestó.
Mientras que el abogado Pablo Pimentel consideró que las autoridades no podían prever la agresión debido a la forma repentina en que ocurrió el hecho.
“De haberse conocido que ese incidente iba a suceder, tanto la Policía como los fiscales hubiesen tomado medidas preventivas”, indicó.
El asesinato de Esmeralda Moronta ha reabierto el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección a víctimas de violencia de género y el seguimiento que reciben las denunciantes luego de acudir ante las autoridades.
