ADEIMO advierte prohibición de publicar encuestas afecta principios fundamentales de la democracia

SANTO DOMINGO.-La Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública (ADEIMO) expresa su preocupación ante el reglamento aprobado por la Junta Central
Electoral que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera del período oficial de
precampaña.

"Reconocemos plenamente el mandato constitucional de la JCE de garantizar la equidad, la
transparencia y la integridad de los procesos electorales. Compartimos también el objetivo de elevar la calidad metodológica de los estudios de opinión pública, tal como lo manifestamos
en las vistas públicas ante la JCE en junio de 2025. Combatir el fraude metodológico es,
precisamente, una de nuestras causas como asociación gremial comprometida con la
investigación de calidad", indica la entidad.

Sin embargo, expresa que tras un análisis detenido del reglamento, consideramos que la prohibición de publicar encuestas excede el ámbito técnico y afecta principios fundamentales de la
democracia: el derecho ciudadano a la información, la libertad de expresión, la libre
circulación de información de interés público y la libertad de empresa.

A continuación su posición:

1. Las encuestas no son publicidad electoral. Son ciencia social.
   El reglamento equipara las encuestas con herramientas de marketing electoral. Esa
   equiparación es incorrecta. Las encuestas son instrumentos científicos de medición social:
   reflejan la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de relevancia colectiva, orientan políticas
   públicas y permiten a la sociedad conocer su propio estado de opinión. Regularlas como si
   fueran propaganda distorsiona su naturaleza y su función democrática.
2. La prohibición no mejora la calidad. Reduce el acceso.
   La disposición no establece condiciones metodológicas concretas ni distingue entre estudios rigurosos y deficientes. Su efecto único es impedir que la ciudadanía acceda a información
   relevante durante una parte sustancial del ciclo político nacional.

El resultado es una asimetría inaceptable: los actores políticos, los partidos y los grupos de
poder seguirán encargando y consultando encuestas privadas, mientras el ciudadano común
queda excluido de esa información. La democracia no puede funcionar bajo el principio de
que solo las élites tienen derecho a conocer el clima social del país.

3. El reglamento contradice la ley que pretende desarrollar.
   La Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral permite la publicación de encuestas hasta ocho días antes de las elecciones. La ley es explícita: fuera de ese plazo de restricción, su
   publicación es libre. Un reglamento es un instrumento de jerarquía normativa inferior; su
   función es desarrollar la ley, no corregirla ni sustituirla. Una disposición reglamentaria que va
   más allá de lo que la ley permite carece de fundamento legal.

Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública — ADEIMO
4. Los estándares internacionales apuntan en sentido contrario.
Organizaciones de referencia mundial como ESOMAR y WAPOR —cuyos principios éticos y
estándares técnicos suscribe ADEIMO— promueven modelos basados en transparencia
metodológica, trazabilidad y validación científica. Ninguno de estos marcos de referencia
contempla restricciones temporales absolutas al acceso y publicación de información de
interés público. La tendencia internacional es hacia más transparencia, no hacia menos
información.

Nuestra posición:

ADEIMO apoya toda regulación orientada a fortalecer la transparencia metodológica,
exigir la divulgación de patrocinadores, garantizar la trazabilidad técnica y promover
las buenas prácticas profesionales. Respaldamos los mecanismos que permitan
combatir estudios fraudulentos y usos irresponsables de la investigación.

Lo que no podemos aceptar es una medida que, bajo la apariencia de regulación
técnica, restringe el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Hacemos un llamado respetuoso a la Junta Central Electoral a revisar esta disposición y a construir, en diálogo con el sector, un marco regulatorio que fortalezca la calidad de la investigación sin comprometer los derechos fundamentales que sustentan la
democracia dominicana.

Wanda Montero, IPSOS
Presidenta

Leny Matos, VENKA
Vicepresidenta

Noel Flores, ALPHA CONSULTING
Secretario

Mayjo Gutierrez, Quantum Ana