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El Partido de la Liberación Dominicana celebró que a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se les haya reconocido en sede judicial lo que durante años sostuvieron su partido, sus familiares y amplios sectores de la sociedad dominicana: que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.
El secretario general peledeísta, Jhonny Pujols, expresó que este reconocimiento judicial constituye también una reivindicación moral para quienes, durante años, fueron sometidos a impedimentos de salida del país bajo alertas migratorias ilegales, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas, serias afectaciones de salud y un profundo sufrimiento personal y familiar.
Estima que ninguna decisión judicial puede devolver completamente el tiempo perdido, el daño reputacional sufrido o las consecuencias emocionales que estos procesos han producido en ellos y en sus seres queridos.
Dijo que el PLD extiende igualmente esta reflexión a todos los compañeros que han sido absueltos por los tribunales después de años de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposición pública. La justicia no solo debe sancionar cuando corresponde, sino también reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes.
Sin embargo, indicó que, más allá de los casos particulares, las recientes decisiones judiciales obligan al país a reflexionar sobre una cuestión de fondo: el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia.
"Cuando los ciudadanos son presentados ante la opinión pública como culpables antes de que exista una sentencia definitiva; cuando las acusaciones ocupan grandes titulares y se realizan extensas ruedas de prensa, pero posteriormente no logran sostenerse plenamente ante los tribunales; cuando la prisión preventiva parece utilizarse más como castigo anticipado que como medida excepcional, no se busca la noticia con imparcialidad", sostuvo.
Pujols afirmó que la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusación no equivale a una condena. Corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas válidas y suficientes.
Aclaró que la presunción de inocencia no es un privilegio; es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o de la posición que ocupen en la sociedad.
Señaló que la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva deben prevalecer en todo proceso para garantizar una sana administración de justicia. Esto no ha sido así durante años. Basándonos en ese principio constitucional, reafirmamos la inocencia de los compañeros que aún continúan en los tribunales.
Permanecen enfrentando procesos respecto a los cuales mantenemos serias reservas sobre la solidez jurídica de las acusaciones y sobre actuaciones que, durante años, han alimentado la percepción de una justicia utilizada con fines políticos. El mismo interés político lleva al Ministerio Público a presentar apelaciones temerarias contra ciudadanos a quienes los tribunales ya declararon sin razón procesal.
El PLD reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción, siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes. Precisamente porque creemos en la justicia, rechazamos cualquier intento de instrumentalizarla con fines políticos.
La República Dominicana necesita una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero también de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos.
