SANTO DOMINGO.- Diversas organizaciones vinculadas al sector educativo anunciaron una jornada nacional de consultas, seminarios y debates con el objetivo de construir propuestas para una reforma educativa que, según sostienen, debe surgir de la participación de toda la sociedad y no únicamente de organismos gubernamentales, sectores empresariales o grupos técnicos.
La iniciativa, denominada “Jornada Nacional Ciudadana en Centros Educativos, Territorios y Sectores Sociales: Por una Reforma Centrada en la Educación Pública”, fue presentada por el Observatorio por una Reforma Educativa Democrática y Participativa y otras entidades del sector.
Durante el anuncio, el presidente del observatorio, Fernando Peña, reconoció que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y otras instituciones oficiales han presentado propuestas sobre la transformación del sistema educativo, pero consideró que cualquier proceso de reforma debe involucrar a toda la ciudadanía.
“Si algo ha hecho el Mescyt y los organismos oficiales es que han hecho una propuesta. Lo que estamos planteando es que esa propuesta no puede ser discutida por las élites empresariales, ni por núcleos burocráticos y grupos técnicos nada más, sino que debe desarrollarse una gran consulta nacional”, expresó.
Peña explicó que la jornada busca incorporar las opiniones de maestros, estudiantes, técnicos, profesionales, padres, madres, trabajadores y organizaciones sociales, al considerar que la educación es un derecho que involucra a toda la sociedad.
“La educación es un derecho no solo de los que van a la escuela, sino de las familias, de los estudiantes, del pueblo dominicano, de los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la consulta pretende analizar a profundidad los problemas estructurales del sistema educativo y evitar que el debate se limite a decisiones administrativas o reorganizaciones institucionales.
“Lo que estamos planteando es la necesidad de que sea una consulta real, que no se monte un escenario puramente teatral para no abordar los problemas de fondo, sino que se analice en profundidad la crisis del sistema educativo y se propongan alternativas”, manifestó.
Asimismo, insistió en que cualquier transformación debe respetar las conquistas alcanzadas por el magisterio y las instituciones educativas públicas.
“Sin menoscabo absoluto de los derechos que ha acumulado la ADP, el magisterio, FAPROUASD, la universidad pública y el pueblo de este país que ha luchado por la educación como un derecho y no como una mercancía”, agregó.
Como parte de la consulta nacional, los organizadores convocaron a una serie de seminarios regionales que se desarrollarán en distintas provincias del país.
El calendario incluye encuentros en Santiago de los Caballeros el 7 de julio, San Juan de la Maguana el 9 de julio, San Francisco de Macorís el 16 de julio, Higüey el 23 de julio, Barahona el 30 de julio y el Gran Santo Domingo el 6 de agosto.
Los seminarios serán realizados en espacios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Asociación Dominicana de Profesores, además de otras actividades que se organizarán en municipios y centros educativos de todo el territorio nacional.
Los convocantes informaron que durante agosto también desarrollarán una consulta en los centros educativos del país, en la que esperan involucrar a docentes, estudiantes, padres, madres, comunitarios y otros actores relacionados con la educación.
Además, anunciaron que utilizarán redes sociales y herramientas tecnológicas para ampliar la participación ciudadana.
“Estamos anunciando una consulta nacional y hemos dicho con fecha seminarios abiertos de participación, ocupación de las redes con recursos tecnológicos que permitan consultar a toda la ciudadanía”, explicó Peña.
Aclaró que la iniciativa no busca competir con otras propuestas o procesos impulsados por el Gobierno, sino complementar la discusión con una participación más amplia.
“Ni contra otro, ni en paralelo de nadie, sino desarrollando un proceso de consulta para que quienes tienen que tomar las decisiones las tomen”, señaló.
Durante la actividad, los organizadores expresaron preocupación por propuestas que, a su juicio, podrían afectar derechos adquiridos del sector educativo.
En ese sentido, advirtieron que la discusión sobre una eventual reforma no puede limitarse a la integración o reducción de estructuras estatales ni poner en riesgo recursos destinados a la educación pública.
Peña afirmó que el país no puede aceptar que los problemas educativos se resuelvan “juntando dos aparatos burocráticos” o mediante medidas que comprometan el 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria y el 5 % asignado a la educación superior pública.
También llamó a que la discusión abarque todo el sistema educativo, incluyendo las escuelas vocacionales, institutos técnicos, centros de investigación y demás entidades financiadas con recursos públicos.
“Aquí hay que hacer una discusión profunda que permita saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir sin menoscabo de los derechos y las conquistas asumidas”, expresó.
En el documento de convocatoria, las organizaciones sostienen que una reforma educativa “transformadora, crítica, democrática y participativa” no puede ser el resultado exclusivo de decisiones tomadas por élites económicas o grupos de poder.
Asimismo, reiteraron su oposición a cualquier proceso que consideren apresurado, limitado o que afecte derechos del magisterio, la autonomía universitaria o los fondos destinados a la educación pública.
Los organizadores concluyeron que solo una consulta amplia y participativa permitirá construir una reforma educativa progresista que fortalezca la educación pública, la educación técnica, la educación superior estatal y el acceso a la enseñanza como un derecho fundamental para todos los dominicanos.
