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SANTO DOMINGO.- La modificación la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada recientemente por el Senado de la República, ha generado preocupación en sectores empresariales y ambientales, que coinciden en la necesidad de mejorar la gestión de los desechos, aunque difieren sobre la forma en que fue tramitada la iniciativa.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) criticó que la pieza fuera aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas, al considerar que el uso de este mecanismo limitó el debate legislativo sobre una normativa de amplio impacto económico y ambiental.
A estas críticas se sumó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), cuyo vicepresidente ejecutivo, Mario Pujols, cuestionó la falta de consultas con los sectores involucrados y con entidades responsables de la aplicación de la legislación, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso DO Sostenible.
Pujols sostuvo que el proyecto aprobado no fue producto de un proceso participativo y reiteró que, aunque la industria respalda una adecuada gestión de los residuos sólidos, rechaza que se establezcan nuevas contribuciones sin estudios técnicos que sustenten su impacto.
Asimismo, afirmó que la solución a los desafíos financieros de los gobiernos municipales no debe recaer sobre una ley ambiental, recordando que la legislación vigente ya contempla mecanismos de financiamiento para los ayuntamientos.
Mientras se mantiene el debate sobre el proceso legislativo, expertos y representantes del sector industrial insistieron en que el país debe avanzar hacia un modelo de economía circular, en el que los residuos sean reincorporados al ciclo productivo y no tratados únicamente como desechos.
El presidente de la AIRD, Julio Brache, señaló que la gestión ambiental debe comenzar desde el diseño de los productos, incorporando criterios que permitan su recuperación, reutilización y reciclaje una vez concluida su vida útil.
“No basta con gestionar adecuadamente los residuos al final de su vida útil; debemos comenzar mucho antes, desde el momento mismo que concebimos y diseñamos los productos”, expresó.
En la misma línea, la directora de Operaciones de ECOCE México, Monserrat Ramírez, advirtió que el reciclaje por sí solo no resuelve el problema si no existe un mercado capaz de reincorporar los materiales recuperados a nuevos procesos productivos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro sobre sostenibilidad y economía circular, donde especialistas destacaron que el principal reto del país no solo consiste en recolectar y reciclar residuos, sino en transformar los modelos de producción y consumo para garantizar un aprovechamiento más eficiente de los recursos.
El proyecto de modificación de la Ley 225-20 pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde distintos sectores esperan que se abra un proceso de discusión más amplio antes de su eventual aprobación definitiva.
