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SANTO DOMINGO, RD.- La Cámara de Diputados aprobó este sábado en primera lectura el proyecto de ley que establece más de 20 cambios al nuevo Código Penal Dominicano y que está programado para entrar en vigencia el tres de agosto.
A pesar de que una comisión bicameral recibió más de 80 propuestas de cambios provenientes de gremios, abogados, partidos y entidades sin fines de lucro, los diputados decidieron tomar como proyecto principal el que depositó el Poder Ejecutivo, donde se destacan temas relacionados con el ultraje, la difamación, la publicación ilícita de imágenes y la malversación de fondos, entre otros, introduciendo cambios de fondo que no estaban contemplados en la propuesta original del Gobierno.
En el artículo 211, que habla sobre los actos que no se consideran difamatorios, los legisladores incluyeron una nueva eximente para asegurar que las opiniones sobre actos de corrupción no sean difamatorias, siempre que tengan pruebas.
La difamación, que en la ley 74-25 se castiga con dos a cinco años de prisión, se modificó para que esa pena se aplique en un rango de uno a dos años de cárcel.
Mientras la ley castigaba con cárcel cualquier insulto, gesto u ofensa contra funcionarios del Gobierno, el proyecto aprobado este sábado establece que la pena sería aplicada únicamente contra quienes emitan las ofensas a jueces o fiscales durante los procesos judiciales.
Mientras el nuevo Código Penal contempla penas de dos a tres años para la malversación de fondos públicos en el artículo 303, el nuevo texto aprobado en primera discusión propone elevarlas a un rango de cinco a 10 años de prisión mayor.
Sin embargo, para blindar al sector empresarial, los legisladores incluyeron cambios en el artículo sobre la responsabilidad penal de las empresas y puntualizaron que la empresa solo será perseguida penalmente si se demuestra que toleró o se benefició de algún acto ilícito cometido por algún empleado.
Otros artículos que fueron cambiados son los relativos a los certificados falsos de salud, el acoso, el proxenetismo, la violación de la propiedad privada, la integración de la violencia física en el ámbito intrafamiliar, la difusión de imágenes y el abandono de niños.
Los diputados de la Fuerza del Pueblo no votaron a favor del proyecto por considerar que el proceso "fue acelerado" y que, además, el Congreso no tuvo tiempo para analizar las 84 propuestas sugeridas por distintos grupos sociales.
Tampoco votaron por la iniciativa los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alegando que la pieza que incluía las eximentes para despenalizar el aborto en casos especiales.
En medio de los debates, los diputados rechazaron una propuesta del diputado Pedro Martínez, de Alianza País, que buscaba despenalizar el aborto cuando el embarazo haya sido producto de violaciones sexual, cuando el feto sea incompatible con la vida o cuando la vida de la madre corra peligro.
El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para el próximo lunes a las dos de la tarde, para conocer el proyecto en segunda lectura, antes de devolverlo al Senado de la República.
La iniciativa fue aprobada con 112 votos a favor y 22 en contra, luego de que el pleno analizara las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión especial y las modificaciones planteadas por diputados de distintas bancadas.
Entre los artículos modificados figuran, además, los 11, 121, 122, 123, 124, 141, 144, 176, 177, 192, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 248, 269, 303, 310 y 354, como parte del proceso de revisión previo a la aprobación definitiva de la normativa.
Durante la sesión, los legisladores conocieron diversas propuestas de modificación, algunas de las cuales fueron acogidas, otras rechazadas y varias retiradas por sus propios proponentes con la intención de reintroducirlas durante la segunda discusión.
La aprobación en primera lectura se produjo después de varios aplazamientos y de una semana de trabajo de la comisión especial encargada de estudiar las observaciones remitidas por diferentes sectores, cuyo informe fue presentado al pleno para su conocimiento.
El Congreso Nacional trabaja contra el reloj para completar el proceso legislativo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto.
