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SANTO DOMINGO.- Las constantes quejas de personas que denunciaban presiones para pagar sus deudas, llamadas insistentes y otras prácticas de cobro consideradas abusivas llevaron al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y a la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) a establecer nuevas reglas para proteger los derechos de los deudores.
Como parte de esa iniciativa, ambas entidades firmaron un acuerdo para que las empresas de cobranza realicen sus gestiones respetando la ley y la dignidad de las personas, promoviendo un trato más humanizado durante los procesos de recuperación de deudas.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que el convenio busca mejorar la relación entre las compañías de cobranza y los ciudadanos con compromisos financieros, además de capacitar al personal encargado de estos procesos.
"Lo que procuramos con esto es que haya un acercamiento entre la compañía de cobranza con las personas que tienen algún tipo de responsabilidad con el sistema financiero. Vamos a dar una especie de talleres para orientar a los abogados de las compañías de cobranza del país y ese es el contenido del convenio", expresó.
Por su parte, el presidente de COB-RD, Francisco del Carpio, sostuvo que el acuerdo no limita el derecho de los acreedores a reclamar el pago de las deudas, pero sí prohíbe que durante ese proceso se vulneren los derechos de los ciudadanos.
"Que la gente sepa que tiene que pagar la deuda, pero que ninguna empresa tiene derecho a faltarle el respeto, a vulnerar su dignidad, a atropellarlo. Hay derecho a cobrar, no hay derecho a atropellar. Esa es la esencia del acuerdo que hemos hecho hoy", afirmó.
El convenio también establece que los embargos retentivos realizados en un mismo acto no deberán exceder de diez personas deudoras y promueve la elaboración de protocolos de buenas prácticas para una cobranza responsable.
Asimismo, Pro Consumidor y COB-RD crearán una mesa técnica integrada por representantes de ambas entidades, que dará seguimiento a la implementación del acuerdo, evaluará su cumplimiento y propondrá mejoras para fortalecer las prácticas de cobranza dentro del marco legal.
