Una solicitud de suspensión de la resolución emitida por una jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, fue depositada por ante el titular de esa dependencia por parte de la Procuraduría General de la República, para que la misma sea dejada sin efecto.
La solicitud fue hecha el pasado viernes, en contra de la resolución con la que se le otorga permiso a más de 50 reclusos, muchos de estos acusados de sicariato, violación a la ley de tráfico de drogas, homicidio agravado y violación sexual.
“Todos, crímenes tipificados por el Código Penal Dominicano como graves”.
En un comunicado, la PGR informó que solicitó la inmediata suspensión de la Resolución contenida en el Auto No. 301-01-1289-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, mediante el cual la magistrada Katherine A. Rubio Matos, otorgó permisos especiales al grupo de imputados que guardan prisión en distintos centros penitenciarios del país.
La institución explicó en un comunicado de prensa, que la procuraduría de la corte del departamento judicial de San Cristóbal solicitó la suspensión inmediata al Juez de la Ejecución de la Pena de ese departamento judicial, en virtud de la no observancia de los requisitos previamente establecidos en el reglamento para otorgar permisos especiales a privados de libertad.
En ese sentido, la PGR explicó que la solicitud tiene un efecto suspensivo, por lo que ordenó al NMGP suspender la ejecución de la Resolución contenida en el auto NO. 301-01-1289-2017.
Explicó que los requisitos no observados en todo o en parte por la referida jueza establecidos en el reglamento para salidas temporales de los internos sin custodia, son: evaluación y Acta de la comisión de evaluación y sanción, previa solicitud de la parte interesada, evaluación psicológica, jurídica, de educación, asistencia social, médica y de seguridad.