La Procuraduría General de la República solicitó al juez de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Ramón Horacio González Pérez, incautar los bienes e inmovilizar las cuentas bancarias del ex consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, y la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, acusados por formar parte de una red que negociaba la libertad de personas ligadas al crimen organizado.

El procurador Francisco Domínguez Brito, a través de una instancia elevada a este tribunal, presume que Arias Valera y Reyes Beltré, mantienen ocultos una serie de documentos que demuestran su vinculación a la estructura judicial que otorgaba la libertad, a cambio de dinero, a narcotraficantes y corruptos.

Entre las documentaciones citadas por Domínguez Brito en la instancia están informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos de personas, servicio, además de transferencia, descargo, actas de constitución o modificación de compañía.

También la instancia procura obtener información que vincularía a los magistrados a empresarios de la construcción y otros que puedan resultar involucrados en la adjudicación y ejecución irregular de obras.

El procurador ntiende que esos documentos resultan de gran utilidad para la investigación en curso y aquellos que se vinculen con la misma.

“Todos provenientes de los presuntos delitos de corrupción que se investiga, a fin de proceder al secuestro de los mismos por parte del Ministerio Público, hasta tanto concluya la investigación en curso concediéndonos para la ejecución de la orden de allanamiento a ser dictada un plazo de quince días”, sostuvo.

Esta semana el juez González Pérez autorizó los allanamientos a las residencias de Reyes Beltré y Arias Valera, pero rechazó la solicitud de arresto elevada en contra de estos, por la Procuraduría.