La inequidad impera en el sistema de justicia dominicano

Santo Domingo.- Contrario al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que previo a su salida había asegurado que en 127 de los 135 tribunales de la República se eliminó la mora judicial, en el marco de la celebración del día del Poder Judicial, el actual presidente reveló que esta es la enfermedad más grave que aun enfrenta justicia.

“Hay procesos iniciados hace más de un década; en la propia Suprema Corte de Justicia, solo en ella, se han acumulado 18,357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución”, dio a conocer Luis Henry Molina al resaltar los principales problemas que afectan al sistema de justicia del país. Esto durante su primer discurso de rendición de cuentas.

En la audiencia solemne en la que participó el presidente de la República, Danilo Medina, y los principales funcionarios del gobierno, Molina criticó la distribución de los recursos en el Poder Judicial.

“No parece razonable que si nuestra principal función es impartir justicia, la totalidad de nuestro tribunales accedan solo al 68% del presupuesto; mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración, reciba el 32% de este” criticó.

“Mientras los jueces de primera instancia y de la SCJ deben conocer en promedio 484 y 486 casos cada uno, este número disminuye en el caso de los jueces de paz y de cortes de apelación a tan solo 169 y 131 casos en promedio. Esta asimetría en la carga judicial se expresa de igual forma en el número de plazas. Los juzgados de paz posen el 23% de las plazas del sistema, pero atienden solo el 14% de los casos; los juzgado de primera instancia cuentan con el 44% de las plazas judiciales, pero deben atender el 74 % de los nuevos ingresos; las cortes de apelación representan 31 % de la plazas, ellas atienden el 10 % de los casos”, detalló

Con el fin de mejorar la confianza de la ciudadanía en los jueces dominicanos, el magistrado presidente del Poder Judicial enumeró una serie de medidas entre las que figura la prohibición de entrevistas entre los jueces y las partes de un proceso.

“No más acceso conjunto de jueces, abogados y fiscales a las salas de audiencias que son los espacios solemnes de la justicia. Soy de la opinión, además, de que debemos hacer públicas las consultas y decisiones éticas o disciplinarias sobre las actuaciones judiciales e incluirla en el expediente de cada juez” precisó.

En su intervención de tan solo 32 minutos, Molina informó de su disposición de que en cada departamento judicial haya centros especiales de entrevistas para víctimas de violencia de género y la creación de un programa de formación para los servidores judiciales a fin de hacer frente a los constantes feminicidios.

Finalmente, instó a los jueces a actual con rigor, a trabajar más allá de horarios y agenda y dar un trato digno a las víctimas.