Defensa alega encartados por Operación Coral no representan peligro de fuga

REPÚBLICA DOMINICANA.- Continúa el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en caso Coral que involucra altos mandos militares y policiales, entre ellos Adán Cáceres Silvestre, el jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina.

La jueza Kenya Romero, recusada en audiencia pasada por la defensa del coronel Rafael Núñez de Aza, fue ratificada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para seguir conociendo el caso.

Los abogados buscan que a los imputados se les imponga otro tipo de medida de coerción en este caso que no sea la prisión preventiva, por considerar que no representan peligro de fuga.

“Contamos con los presupuestos necesarios para que a nuestro representado se le dicte cualquier otra medida que no sea prisión preventiva, aunque nosotros en realidad entendemos que no debe aplicarse ninguna medida porque es una persona conocida, es un policía activo, tiene siete hijos y no es un peligro de fuga”, dijo Félix Portes, abogado del coronel Núñez de Aza.

Por este caso además son procesados la asimilada de la Policía y pastora Rossy Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora y miembro de la Policía, Tanner Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.

En el mismo expediente que cuenta con 195 páginas, aparte de estos seis el Ministerio Público mencionan a otras 15 personas pertenecientes a distintas instituciones del orden y que hasta el momento no han sido imputadas. Entre ellas cinco generales de brigada.

De acuerdo con la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), la red criminal utilizó a militares y policías para hacer transacciones millonarias “sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.

De acuerdo a la acusación los imputados se utilizaron como escudo del entramado la entrega de Raciones alimenticias, viáticos, operaciones especiales.

Uno de los que se menciona es el General de Brigada y director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, el ministerio público señala que es una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80%.

El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná  al imputado Raúl Alejandro Girón,  por el que paga mensualmente US$3,000. Esta situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, designó de manera interina y puso en posesión del cargo al coronel paracaidista Roberto Acevedo Tejada como nuevo director del CESTUR, en sustitución del general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, luego de que este último pudiera su cargo a disposición del Estado.