SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surum Hernández, se mostró sorprendido por las revelaciones de que empleados de la Procuraduría supuestamente borraban y alteraban registros de personas con antecedentes penales a cambio de sobornos.
Hernández calificó esta situación como grave y resaltó que se trata de un tema sensible de seguridad nacional que puede conllevar penas de hasta diez años según la ley 53-07 de delitos electrónicos.
El gremio de abogados espera que las autoridades refuercen las medidas de control y fiscalización sobre quienes manejan los códigos de los programas de registro, y también la instalación de sistemas de backup que permitan comparaciones y detección de alarmas en caso de alteraciones.
La Operación Gavilán, llevada a cabo por el Ministerio Público, ha desmantelado una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías que operaba a nivel nacional y se dedicaba durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
Este caso ha generado una gran preocupación y ha puesto de manifiesto la importancia de salvaguardar la integridad y transparencia en el manejo de registros penales en el país.