Santo Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó este jueves a los jueces y fiscales del país a imponer medidas preventivas y hasta prisión, en casos de fallecimientos por accidentes de tránsito.

“Entendemos que es tiempo de que  el Ministerio Público en cada uno de estos casos pida la prisión correspondiente y de que tratemos que estas personas sean condenadas penalmente independientemente de la sanción civil”, expresó el representante del Ministerio Público durante una rueda de prensa.

Sostuvo que se debe establecer como una política general a los fines de poder fijar un régimen de consecuencias para los casos graves de conducción de vehículos de motor.

Recordó que en los últimos años, antes del Código Procesal Penal, el pago de fianza era obligatorio en estos casos y que luego continuó la misma tradición, por lo que plantea romper ese esquema.

“Por eso en el día de hoy estamos instruyendo para que de una vez y por todas, de manera formal, en aquellos casos graves, los fiscales tienen que pedir prisión contra aquellos conductores que de manera temeraria han ocasionado grave perjuicio a las personas”, reiteró Domínguez Brito.

Pidió a los conductores que por manejar de forma temeraria provoquen accidentes o muertes, que se olviden de salir de prisión “con una simple fianza”. 

Reforzar sanciones

El presidente de la Suprema Corte de Justicia participó junto al procurador Domínguez Brito, en una conferencia de prensa la mañana de este jueves, donde manifestó su preocupación por el panorama que se vive en calles, carreteras y autopistas, por la cantidad de accidentes de tránsito que se registran.

Mariano Germán Mejía consideró que debido al vertiginoso crecimiento que registra el parque vehicular de la República Dominicana, se requiere una actualización a la ley 241 sobre Tránsito, para reforzar las sanciones que deben recibir las violaciones y, establecer agravantes en los casos de imprudencia, negligencia y accidentes con consecuencias graves.

En ese orden, el presidente del Consejo del Poder Judicial considera necesario trabajar para que el país no figure en el mapa de América Latina y El Caribe con el mayor índice de muertes por accidentes de tránsito, de 29.3 casos por cada 10 mil habitantes.