Inversionista de Jarabacoa denuncia  ha sido víctima de extorsión y chantaje

Santo Domingo.- Un inversionista nativo de Jarabacoa reiteró este miércoles ante la Procuraduría General de la República su denuncia de que las registradoras de títulos en La Vega, Yeline Ramona Báez y Mercede Virginia González Piña, se  asociaron con un empresario para despojarlo de 41 propiedades.

Eduardo Collado dijo que esas registradoras, con  actuaciones administrativas a todas luces fueras de las leyes y reglamentos inmobiliarios, han tratado de ocultar y buscarle una solución por la vía del chantaje y la extorsión a su caso.

Informó que ante esa situación acudió el pasado mes de noviembre ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) presentó una denuncia dirigidas a la magistrada Yenny Berenice Reynoso y al magistrado Wilson Camacho, con el fin de   demostrar  lo que ha estado denunciando. Al no obtener respuesta, depositó  el pasado jueves 4 de febrero,  a la magistrada Miriam German Brito, con el expediente 000939, con la esperanza de que nos reciba para iniciar la comprobación de los hechos que ha  denunciado.

Detallo que la denuncia figuran los nombres y apellidos de los integrantes de la red mafiosa donde hay seis fiscales, cuatro jueces de la jurisdicción penal y cuatro de la jurisdicción civil,  cuatro registradores de títulos, dos abogados, un alguacil y dos Notarios  que se asociaron para despojarlo de su propiedad en componenda con un empresario.

Pidió  la atención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor   Antioliano Peralta, para que en virtud del Decreto 33-21 emitido por el Presidente de la Republica, este mismo año, apodere al grupo de  abogados comandados por el doctor Sidmund Freud, para que después de revisar  todo el proceso administrativo de este caso que tiene procesos civiles, penales e inmobiliarios, le pueda dar una explicación exacta y verídica sobre este conflicto al señor  Presidente del a República, y le dé al país una información de lo que esto ha generado donde se ha puesto en peligro la seguridad jurídica.